Este miércoles 7 de febrero, la Defensoría del Pueblo de San Luis participó activamente de la Audiencia Pública convocada por la Comisión Reguladora Provincial de Energía Eléctrica. Durante este encuentro, se abordaron temas cruciales para la protección de los derechos de los usuarios y la equidad en el acceso a servicios esenciales, como los pedidos de Edesal para establecer un nuevo “Mecanismo de Monitoreo de Costos” y realizar un “Rebalanceo de las Categorías de los Usuarios”. 

Con respecto a la aplicación de un nuevo mecanismo de monitoreo de costos, el defensor del Pueblo, Dr. Enrique Ponce, señaló que, según está normado en el Decreto 8828-MHyOP-15, “no se pueden aprobar ajustes automáticos o semiautomáticos”. “Edesal pretende una actualización automática en función a una fórmula polinómica que tiene en cuenta los costos, pero no la capacidad de pago de los usuarios”, destacaron desde la Defensoría en su presentación.

En base a esto, la Defensoría, pidiendo contemplar al usuario desde una visión integral, pidió el rechazo de lo solicitado por Edesal y realizó las siguientes propuestas con respecto al Mecanismo de Monitoreo de Costos:

1. Ajustes Periódicos: Se propuso la realización de ajustes cuatrimestrales o semestrales en las tarifas eléctricas, buscando proporcionar a los usuarios una mayor previsibilidad en los montos a abonar.

2. Límites de Aumento para Hogares Vulnerables: La Defensoría abogó por establecer límites en los aumentos generados por el mecanismo de monitoreo de costos, especialmente para hogares en situaciones de vulnerabilidad social. Estos límites deberían estar vinculados a los ingresos familiares, considerando aumentos en las jubilaciones o el sueldo mínimo vital y móvil.

3. Relación con Ingresos Familiares: Se enfatizó la importancia de que los límites de aumento estén directamente relacionados con los ingresos familiares, en lugar de basarse en los precios que las familias abonan, como el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), entre otros.

4. Mecanismos Transparentes de Comunicación: Se propuso establecer mecanismos de comunicación y difusión de los índices utilizados, asegurando que cumplan con los requisitos de transparencia, universalidad y lenguaje claro, con el objetivo de brindar información accesible y comprensible a la comunidad.

Con respecto al Rebalanceo, la Defensoría realizó las siguientes propuestas: 

1. Los aumentos no deben ser superiores al IPC publicado por el INDEC: Establecer una política tarifaria por parte de la comisión reguladora que tenga en cuenta la capacidad económica de los usuarios y garantice que cualquier ajuste sea equitativo y asequible. Sobre todo, para aquellos sectores más vulnerables y con menos capacidad de soportar mayores pagos.

2. Los aumentos deben ser informados a los usuarios con no menos de 60 días de anticipación en la propia factura: En caso de que, como resultado del rebalanceo, resulte la necesidad de aumentos de tarifa, implementarlos de manera gradual, previsible y progresiva, asegurando que los ciudadanos puedan adaptarse y planificar sus presupuestos.

3. Control comunitario de la calidad del servicio de Edesal: Establecer, por parte de la Comisión Reguladora, estándares de calidad, eficiencia y respuesta al usuario, cumplir y someterlo al control de la comunidad para realizar mejoras y ajustes.

4. Brindar incentivos a la producción: Establecer incentivos que impulsen prácticas sostenibles y eficiencia energética en las actividades productivas, contribuyendo al crecimiento económico y el cuidado del ambiente.

Para finalizar, la Defensoría del Pueblo de San Luis reiteró su solicitud para que Edesal proceda a la devolución a los usuarios de los intereses por el cobro en exceso de los meses de noviembre y diciembre 2023, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. 

Esto se debe a que Edesal, durante los meses de noviembre y diciembre, cobró montos de más por aplicación de la Resolución 196-CRPEE-2023, a pesar de que la misma no se encontraba vigente. Si bien la distribuidora de energía, en la facturación de enero, comenzó a devolver estos excedentes mediante notas de créditos, no ha hecho lo mismo con los intereses que los mismos han generado, los cuales la Defensoría calculó en aproximadamente $11,4 millones mensuales.