Este viernes, Enrique Ponce y Fernando Gatica, en representación de la Defensoría del Pueblo y ATE San Luis respectivamente, presentaron una acción de amparo judicial ante el Juzgado Penal Juvenil. La solicitud busca que se declare inconstitucional el Artículo 19 del Decreto N° 150/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo se otorga la facultad de efectuar el pago de salarios en dos partes.

Asimismo, se ha solicitado una medida cautelar urgente para que la justicia ordene al Gobierno de San Luis realice, de manera urgente, el pago integral de los sueldos pendientes correspondientes al mes de diciembre y que se abstenga de adoptar decisiones que afecten o omitan el pago completo en tiempo y forma.

Esta situación surge porque el pasado 29 de diciembre, los empleados provinciales recibieron la mitad de su salario, una situación que no les fue notificada de manera concreta hasta que encontraron el depósito parcial y un mensaje en sus recibos indicando que: “Se informa que los haberes de 12/2023 se acreditarán el 50% el día 29/12/2023 y el 50% restante el día 16/01/2024”

La acción de amparo, establecida por el Artículo 43 de la Constitución Nacional y el Artículo 45 de la Constitución de la Provincia de San Luis, constituye un recurso legal que permite a los ciudadanos solicitar una intervención judicial rápida y efectiva cuando sus derechos fundamentales estén amenazados, vulnerados o en riesgo.

En relación con esto, el Ponce expresó: “Los plazos son muy breves y tienen que ser cumplidos. En este caso, el daño ya está hecho. Al pensar en un salario de 300 mil pesos de un trabajador estatal que recibió 150 mil pesos, tiene que pagar un alquiler, niños en edad escolar. En el caso de que el salario mínimo o la canasta básica superan el valor de su sueldo: ¿cómo hace para vivir? Entonces se atacan derechos fundamentales”.

En caso de que la justicia acceda a la solicitud, ello impactará directamente en los 35 mil agentes que forman parte de la administración pública provincial. Estos trabajadores recibirán el saldo pendiente correspondiente al mes de diciembre, y la certeza de que el gobierno provincial no adoptará esta clase de medidas perjudiciales como las acontecidas en esta ocasión.