Este miércoles, el defensor del Pueblo, Enrique Ponce, se reunió con Ana Rojas y Zaira Guzmán, representantes de la Mesa por la Igualdad San Luis, de la Corriente Nacional Lohana Berkins y de Adulteces Puntanas Trans; organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas trans. Durante dicho encuentro, las activistas solicitaron la intervención de esta institución frente a la conducta de Adriana Garro, jefa de Recursos Humanos del Área de Recolección de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, frente a Carla Heredia, una mujer trans despedida reciente de la Municipalidad de San Luis.

Según la denuncia recibida, la Sra. Garro habría incurrido en actos discriminatorios y violentos hacia Carla Heredia, debido a su identidad de género, “vulnerando leyes nacionales e instalando discursos de odios que alientan acciones violentas”. Estas acciones, según lo expuesto en redes sociales y medios de comunicación, no solo afectan a la persona directamente implicada, sino que también “agravan las secuelas psicológicas y emocionales” de esta trabajadora y también del colectivo LGBTQI+.

En sus fundamentos, la resolución de la Defensoría del Pueblo destaca que el Estado está obligado a cumplir con la Ley 26.743, conocida como la "Ley de Identidad de Género”, y que la conducta de la funcionaria municipal implica “actos son contrarios a la Ley Antidiscriminatoria (Ley 23.592), que prohíbe y sanciona cualquier forma de discriminación basada en motivos como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, orientación sexual, identidad de género, entre otros”. Asimismo, la resolución también hace hincapié en la Ordenanza N° II-0850-2018 (3545/2018), la cual establece, en su Art. 7, el cupo laboral trans, “que implica la obligatoriedad de incluir a personas trans (travestis, transexuales y transgénero) en una porción no inferior al 5% de la totalidad de su personal autorizado”.

En base a todo esto, la Defensoría resolvió: 

1-    INSTAR a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS a que inicie las acciones legales correspondientes respecto a Adriana Garro, incluyendo la apertura de un sumario administrativo, una investigación exhaustiva y la aplicación de las sanciones que correspondan.

2-    RECOMENDAR a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS que implemente campañas de sensibilización y capacitación dirigidas al personal y funcionarios municipales, con el objetivo de fomentar la igualdad y el respeto hacia las personas trans, así como la prevención de la violencia de género.

3-    INSTAR a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS a dar cumplimiento a la Ordenanza N° II-0850-2018 (3545/2018), garantice el cupo laboral de 5% de personas trans y, en consecuencia, reintegre a su puesto de trabajo a Antonia Heredia, DNI 30.836.279.

4-    COMUNICAR esta resolución a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS para su intervención inmediata.

Leé la resolución: https://defensoria.sanluis.gov.ar/AdjuntoVer.aspx?Id=3063