Este miércoles, el defensor del Pueblo, Enrique Ponce, se reunió con Ana Rojas y Zaira Guzmán, representantes de la Mesa por la Igualdad San Luis, de la Corriente Nacional Lohana Berkins y de Adulteces Puntanas Trans; organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas trans. Durante dicho encuentro, las activistas solicitaron la intervención de esta institución frente a la conducta de Adriana Garro, jefa de Recursos Humanos del Área de Recolección de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, frente a Carla Heredida, una mujer trans despedida reciente de la Municipalidad de San Luis.

Según la denuncia recibida, la Sra. Garro habría incurrido en actos discriminatorios y violentos hacia Carla Heredia, debido a su identidad de género, “vulnerando leyes nacionales e instalando discursos de odios que alientan acciones violentas”. Estas acciones, según lo expuesto en redes sociales y medios de comunicación, no solo afectan a la persona directamente implicada, sino que también “agravan las secuelas psicológicas y emocionales” de esta trabajadora y también del colectivo LGBTQI+.