La Defensoría del Pueblo participó de la Audiencia Pública convocada por la Comisión Reguladora Provincial de Energía Eléctrica

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Luis participó de la Audiencia Pública convocada por la Comisión Reguladora Provincial de Energía Eléctrica (CRPEE), en la cual se analizó la solicitud de aumento de tarifas solicitado por la empresa EDESAL S.A.
La instancia contó con la participación de representantes de EDESAL S.A., la CRPEE, la Defensoría del Pueblo y un delegado de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA).
Durante la audiencia, EDESAL expuso las justificaciones que fundamentan su solicitud de actualización tarifaria, vinculadas principalmente al incremento de los costos operativos. Por su parte, la Comisión Reguladora presentó un informe sobre la situación energética actual de la provincia, destacando que cualquier modificación en las tarifas debe ser evaluada y aprobada por el Estado provincial, garantizando la transparencia y el interés público.
A su vez, ADEERA acompañó el pedido de la distribuidora, señalando el impacto de la inflación y la necesidad de mantener la capacidad operativa e inversiones del sector.
La intervención de la Defensoría del Pueblo puso especial énfasis en los reclamos que diariamente presentan los usuarios, sobre los cuales se formularon una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la transparencia, la equidad y la protección de los derechos de la ciudadanía, muchas de las cuales ya habían sido planteadas por el organismo en audiencias públicas anteriores.
Si bien los temas abordados excedían parcialmente el objeto específico de la convocatoria, se destacó que la audiencia pública constituye una herramienta esencial de participación ciudadana, donde pueden plantearse aspectos vinculados al funcionamiento integral del servicio.
Entre las principales observaciones, la Defensoría retomó los lineamientos expresados en su Resolución N° 019-DdP-25, entre ellos:
Acceso a la información: se advirtió que la falta de información clara y oportuna limita la participación ciudadana en las audiencias públicas. Se instó a la CRPEE a disponer de un canal oficial que publique con anticipación los documentos y estudios técnicos sometidos a evaluación.
Penalidades e intereses: se recomendó revisar el régimen vigente, eliminando los intereses punitorios y segmentando las tasas por mora según la capacidad contributiva de los usuarios, para evitar impactos desproporcionados en los hogares de menores ingresos.
Notificación de cortes: se solicitó garantizar que toda advertencia por mora sea realizada mediante una notificación fehaciente y diferenciada de la factura, asegurando el derecho de los usuarios a ser informados adecuadamente.
Subsidios: se propuso la conformación de una mesa interinstitucional entre el Poder Ejecutivo, la CRPEE y otros organismos competentes para definir criterios de aplicación del nuevo esquema nacional de subsidios y su correcta comunicación a la comunidad.
Usuarios emprendedores: se planteó la creación de una categoría tarifaria especial destinada a quienes desarrollan actividades productivas o de servicios en sus viviendas, de modo que puedan mantener los beneficios residenciales y acceder a un cuadro tarifario acorde a su situación económica.
“La Defensoría del Pueblo tiene el mandato constitucional de defender los derechos de los ciudadanos. En este sentido, la participación en audiencias públicas constituye una herramienta esencial para promover la transparencia, la equidad y la protección de los usuarios del servicio eléctrico”, destacó la Coordinadora General de la institución, Mg. Julia Moyano Mendoza.