La Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Luis, representada por su Coordinadora General, Julia Moyano Mendoza, mantuvo una reunión de trabajo con el Secretario de Estado de Personas con Discapacidad, Luis Giraudo. De la reunión también participaron equipos técnicos de ambos organismos, en un espacio de intercambio que permitió abordar distintas problemáticas que afectan a personas con discapacidad en la provincia.

El encuentro fue solicitado por la Defensoría del Pueblo a raíz de la creciente cantidad de reclamos recibidos en los últimos días por la suspensión de pensiones no contributivas, situación que genera una gran preocupación institucional. En este sentido, desde la Secretaría se brindaron herramientas y lineamientos útiles para canalizar adecuadamente este tipo de casos, fortaleciendo los canales de asistencia y acompañamiento.

Asimismo, se dialogó sobre la necesidad urgente de dar seguimiento a situaciones en las que se está restringiendo el acceso a prestaciones por parte de obras sociales, o bien donde los pagos a los prestadores se realizan con demoras que dificultan gravemente la tarea de auxiliares e integradores. La cobertura de estos servicios es fundamental para la inclusión de las personas con discapacidad, y su interrupción o demora atenta contra el ejercicio efectivo de derechos.

Durante la reunión también se trataron otros temas de relevancia, como los avances en materia legislativa de la denominada “Ley Juanita”, que busca garantizar un régimen laboral más flexible para agentes públicos con hijas o hijos con discapacidad a cargo, permitiendo compatibilizar el empleo con las tareas de cuidado.

Se abordó además el estado actual de la reglamentación de la Ley de Electrodependientes en la provincia, una herramienta clave para garantizar el acceso ininterrumpido a la energía a quienes la necesitan para vivir.

Otro de los ejes de la conversación fue la urgencia de desarrollar dispositivos específicos para acompañar a personas con discapacidad que, además, atraviesan situaciones de consumo problemático. En este punto se planteó la necesidad de trabajar en conjunto en estrategias de abordaje integral, con especial foco en la contención de las familias, que muchas veces enfrentan episodios de violencia sin los apoyos institucionales necesarios.

Finalmente, desde la Secretaría de Estado se invitó formalmente a la Defensoría del Pueblo a integrarse al Consejo Provincial de Discapacidad, espacio interinstitucional que promueve políticas públicas inclusivas y participativas, y desde el cual se podrán profundizar las acciones de articulación conjunta para el fortalecimiento de derechos.

Desde la Defensoría del Pueblo se valoró especialmente la apertura al diálogo, el compromiso demostrado y la voluntad de construir una agenda común en favor de una sociedad más justa e inclusiva.