La Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Luis envió el pasado 24 de junio una nota formal a la Ministra de Seguridad, Nancy Sosa, para pedir que se revise el sistema con el que se emiten los certificados de antecedentes penales en la provincia.

El pedido surgió a partir del caso de un ciudadano que desde hace más de dos años no puede trabajar ni continuar sus estudios porque, al solicitar su certificado, se le informó que tiene una causa judicial abierta. Sin embargo, no se le explicó en qué situación está esa causa ni se le entregó un documento que diga si tiene o no una condena. Solo recibió un correo que menciona juzgados y fiscalías, sin detalles ni claridad.

Según la Defensoría, esto se repite en muchos casos, donde personas aparecen en informes de antecedentes sin haber sido condenadas, y sin saber siquiera si la causa está cerrada, en trámite o resuelta. Aun así, figuran como si tuvieran antecedentes y esto les impide acceder a trabajos, becas, alquileres o créditos.

Además, muchas de estas situaciones se originaron en contextos como el de la pandemia, donde se produjeron numerosas detenciones por infracciones sanitarias que no siempre derivaron en procesos judiciales con resolución firme.

El informe señala también que el sistema de San Luis es diferente al que usa el Registro Nacional de Reincidencia, que solo informa las condenas penales firmes, como exige la ley. En cambio, en San Luis se incluyen también causas en trámite o archivadas, sin explicar nada.

Por eso, la Defensoría pidió:

• Que los certificados provinciales solo incluyan condenas firmes.

• Que se eliminen del sistema las causas sin resolución o archivadas.

• Que se cree un canal para reclamos y corrección de errores.

• Que se informe claramente a las personas sobre su situación judicial.

• Que se trabajen mejoras junto con el Poder Judicial y el Registro Nacional.

Desde la Defensoría se remarcó que ninguna persona debe ser tratada como culpable si no hay una condena. El objetivo del pedido es que el sistema sea claro, justo y respete los derechos de todos los ciudadanos.