La Defensoría del Pueblo propone ampliar licencias para familias con hijos con discapacidad

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Luis, a cargo de Guillermo Belgrano Rawson, emitió la Resolución N° 009-DdP-2025, en la que solicita formalmente al Poder Legislativo provincial la incorporación de un régimen específico de licencias laborales para agentes de la administración pública que sean padres, madres o principales cuidadores de hijos con discapacidad.
La resolución se basa en la necesidad urgente de garantizar una protección integral, no solo para las personas con discapacidad, sino también para sus familias, que enfrentan diariamente situaciones que comprometen su salud y estabilidad laboral debido a los cuidados especiales que deben brindar.
Según un informe elaborado por la Dirección de Estadísticas y Censos de San Luis (noviembre 2024), más de 6.500 niños y adolescentes con discapacidad en la provincia requieren atención permanente, lo que incide directamente en la vida laboral de sus cuidadores. Actualmente, la normativa provincial no contempla licencias específicas en estos casos, generando situaciones de vulnerabilidad, incertidumbre y dependencia de decisiones discrecionales sin respaldo legal.
La Defensoría destaca que otras provincias argentinas, como Mendoza, Santiago del Estero y Santa Cruz, ya han legislado en esta materia, otorgando licencias especiales, reducciones horarias y prórrogas adaptadas a las distintas realidades de las familias.
Entre las principales recomendaciones, la resolución propone:
- La creación de licencias por maternidad extendidas hasta un año en casos de hijos con discapacidad.
- Reducción de la jornada laboral al retomar las tareas, con certificación médica especializada.
- Licencias especiales con goce de haberes para tratamientos dentro y fuera de la provincia.
- Inclusión de quienes adopten niños con discapacidad bajo el mismo régimen de derechos.
Esta iniciativa busca avanzar hacia una legislación más justa, que contemple la complejidad de estos casos y ofrezca respaldo normativo a los trabajadores del Estado provincial que cumplen un rol fundamental como cuidadores.