El Defensor del Pueblo de San Luis, Guillermo Belgrano Rawson, junto a la Coordinadora General, Julia Moyano, y el equipo legal de la Defensoría, mantuvieron una reunión con Graciela Dubrez, presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP). Durante el encuentro, se abordaron diversos aspectos vinculados a la situación de las personas privadas de libertad en los penales de la provincia de San Luis.

El Observatorio Internacional de Prisiones es una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, con el objetivo de prevenir situaciones de maltrato, promover la mejora de las condiciones de detención y garantizar el acceso a la justicia de esta población vulnerable.

Durante la reunión, se expusieron las acciones que la Defensoría del Pueblo lleva adelante en materia de defensa de los derechos humanos en contextos de encierro. Asimismo, se informó a Dubrez sobre la Resolución 22-DdP-2024, mediante la cual se presentó a la Legislatura provincial un proyecto de ley para la creación de un "Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes".

Este proyecto se fundamenta en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 44 de la Constitución Provincial, y responde a la necesidad de establecer un mecanismo de monitoreo independiente para prevenir la tortura en centros de detención. San Luis es una de las seis jurisdicciones del país que aún no cuenta con una legislación de este tipo, según lo recomendado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas tras su visita a Argentina en 2022. Además, el proyecto propone la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 25.932 y a la Ley Nacional 26.827, que establecen el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

Como resultado de la reunión, se acordó continuar trabajando conjuntamente en el impulso de normativas que protejan los derechos fundamentales, así como en la puesta en valor y difusión de la legislación vigente en la materia. Además, se estableció el compromiso de realizar acciones concretas para la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad en la provincia de San Luis.