En noviembre de 2024, durante un relevamiento de microbasurales en la ciudad de San Luis, la Defensoría del Pueblo detectó un grave problema ambiental que afectaba a los barrios Santa Rita, José Hernández, 292 Viviendas, Las Américas y Aeroferro.

Se trataba de un vertido de efluentes cloacales que, desde diciembre de 2020, contaminaba un cauce pluvial erosionado, extendiéndose por aproximadamente 4,5 kilómetros y desembocando en un humedal. Este vertido no solo representaba un riesgo significativo para el medio ambiente, sino también para la salud de los vecinos, especialmente por la presencia de bacterias patógenas como Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, según los análisis realizados por el laboratorio ECOCHEM S.A. a solicitud del Defensor del Pueblo.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo actuó de manera inmediata. Se emitió la Resolución 58-DdP-24, en la que se solicitó a las autoridades municipales y provinciales tomar medidas urgentes para detener el vertido, gestionar adecuadamente los efluentes y remediar la zona afectada. Además, se mantuvieron reuniones con el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Cacace, y comunicaciones con el Intendente de San Luis, Gastón Hissa, para coordinar acciones concretas que permitieran resolver el problema de manera definitiva.

Las inspecciones técnicas realizadas por la Dirección de Gestión Ambiental de Recursos Hídricos confirmaron la gravedad de la situación. Finalmente, el 11 de febrero de 2025, la Municipalidad de la Ciudad de San Luis anunció la finalización de las obras de reparación del colector cloacal en el Barrio 292 Viviendas. Estas obras incluyeron la reparación del colector principal y la construcción de una rampa y un muro de gaviones para asegurar la cañería en el canal pluvial, solucionando así un problema que afectaba a la comunidad desde hacía más de cuatro años.

La intervención de la Defensoría del Pueblo fue clave para articular una respuesta integral entre el gobierno provincial y local. Este caso no solo demuestra la importancia de contar con una institución que vele por los derechos de los ciudadanos, sino también la necesidad de trabajar de manera coordinada para resolver problemáticas que impactan en la calidad de vida de la población y en el medio ambiente.