La Coordinadora General de la Defensoría del Pueblo de San Luis, Julia Moyano Mendoza, participó de la Audiencia Pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) el 6 de febrero de 2025, en representación de los intereses de los usuarios sanluiseños.

Su intervención se basó en la Resolución 1-DdP-2025 emitida por el Defensor del Pueblo provincial, Guillermo Belgrano Rawson, que cuestiona la propuesta de ajuste tarifario presentada por las empresas distribuidoras y transportistas de gas, por considerarla incompatible con la realidad socioeconómica de la población.

Algunos de los puntos destacados de la exposición fueron:

• Sobre la revisión tarifaria quinquenal:
  La Defensoría rechazó el aumento del 32% propuesto por las empresas, argumentando que se suma a incrementos previos de hasta el 800% en algunas zonas. Este pedido resulta desproporcionado en un contexto donde el 51% de la población provincial vive en situación de pobreza y el 9,8% en la indigencia (INDEC, 2024). La Defensoría instó al ENARGAS a ajustar el esquema tarifario según la capacidad económica de los usuarios, priorizando a los sectores más vulnerables.

• Sobre los ajustes automáticos mensuales basados en el IPIM:
  La Defensoría se opuso firmemente a esta propuesta, ya que el IPIM registró un incremento interanual del 155% en noviembre de 2024, muy por encima de los ingresos de los trabajadores formales e informales. Además, advirtió que los ajustes automáticos implicarían que el Estado renuncie a su potestad de regular las tarifas, dejando a los usuarios expuestos a aumentos descontrolados.

• Sobre la falta de acceso a la red de gas:
  La Defensoría destacó que el 49% de los sanluiseños no accede a la red de gas (Censo 2022), y en departamentos como Belgrano, San Martín y Gobernador Dupuy, prácticamente ningún hogar cuenta con este servicio. Esto obliga a las familias a depender de garrafas de GLP, cuyo mercado se encuentra desregulado tras la eliminación de la Resolución 70/2015. La Defensoría solicitó al ENARGAS que implemente un plan de inversiones para ampliar la red de gas y declarar el GLP como servicio público durante este proceso.

En virtud de lo expuesto, el Defensor del Pueblo, Guillermo Belgrano Rawson, resolvió lo siguiente:

• INSTAR al ENARGAS a que rechace la solicitud de adecuación de tarifas presentada por las distribuidoras y transportistas, por no contemplar ni respetar la realidad económica y financiera de los usuarios.
• SOLICITAR al ENARGAS a que ajuste el esquema tarifario vigente, considerando la capacidad económica y financiera de los usuarios, con especial énfasis en quienes residen en barrios populares, asentamientos y en grupos altamente vulnerables.
• RECOMENDAR al ENARGAS a que, en coordinación con las transportistas y distribuidoras, implemente un plan de inversiones que habilite la conexión a la red de gas en los sectores que hoy carecen de este servicio; y establecer, durante la ejecución de dicho plan, la declaración de la comercialización de gas licuado de petróleo como servicio público.
• INSTAR al ENARGAS a que rechace la propuesta de actualización mensual basada en el IPIM, presentada por las transportistas y distribuidoras, al carecer de fundamento dado que los trabajadores —tanto formales como informales— no perciben incrementos de esa magnitud; y rechace el ajuste automático propuesto por las licenciatarias, en virtud de que el Estado no puede ni debe renunciar a su potestad de regular las tarifas.