La Defensoría del Pueblo de San Luis ha tomado intervención ante el Ministerio de Hacienda en respuesta a la solicitud de 45 empleados de las delegaciones de la Ciudad de San Luis y Villa Mercedes de la Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis. El reclamo de estos trabajadores se debe a la falta de percepción del incentivo a la productividad, así como el pase a contrato de personas que tenían planta permanente. Todo esto ocurrió luego de la entrada en vigencia del Decreto 150/2023 del Poder Ejecutivo Provincial.

En respuesta a esta situación, el Defensor del Pueblo, Dr. Enrique Ponce, emitió la Resolución 008-Ddp, solicitando informes a los directivos de la Caja Social y Financiera sobre la condición de estos agentes. Además, se recomendó al Ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez, revisar la situación de estos trabajadores, cuyos derechos adquiridos se ven afectados por estas modificaciones.

Es importante destacar que este inventivo era abonado a todos los agentes públicos que prestan servicios en Catastro y Rentas. La falta de este pago no solo les genera un importante perjuicio económico, sino que también contrasta con la práctica de otras provincias como Tierra del Fuego y Mendoza, entre otras, donde se mantiene este incentivo, financiado con las ganancias que ingresan a la Caja Social y Financiera producto de sus actividades.

Cabe recordar que los derechos de estos trabajadores se encuentran respaldados por la Constitución Nacional en su artículo 14 bis y la Constitución Provincial en su artículo 58. Por ello, la Defensoría del Pueblo seguirá de cerca este caso, velando por estos derechos fundamentales.